Según el FMI en un informe sobre los desafíos para el empleo elaborado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cara a la conferencia de alto nivel que se celebrará en Oslo el 13 de septiembre, España es el país en el que más se ha incrementado el desempleo, aumentando en 10 puntos porcentuales, así como donde se registra la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes, donde la tasa de paro se ha duplicado hasta superar el 40%. Este dato contrasta con el optimismo del gobierno que a través de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha achacado el aumento del paro en agosto a factores estacionales y ha manifestado su optimismo de cara al futuro porque la tendencia es de "una desaceleración del crecimiento del desempleo".
Las recomendaciones del FMI se centran en recortar la protección a los trabajadores con contratos indefinidos, algo que a su juicio estimularía la reducción del porcentaje de contratos temporales, los más afectados por la destrucción de empleo en periodos de crisis, afirmando que "En España, rebajar los niveles de protección a los trabajadores fijos hasta los niveles mínimos observados en la eurozona reduciría la proporción de trabajadores temporales en 13,5 puntos porcentuales". Sin embargo lo que no dice el FMI es que en caso de una nueva crisis, si la destrucción de contratos indefinidos sale demasiado barata, quizás se incremente el desempleo aún más, o se traslade la destrucción de empleo de los contratos temporales a los contratos indefinidos. A mi juicio el FMI, al igual que los bancos centrales debería de centrarse más en el origen de la crisis, pero eso sería como poner a la zorra a cuidar los huevos del corral.
Quizás debamos pues analizar los problemas desde otro punto de vista, y quizás podamos aportar otro tipo de soluciones.
A mi entender uno de los graves problemas que tenemos en España es que no se recompensa a quines hacen bien las cosas, viéndose recompensadas, incentivadas o bonificadas situaciones que distan mucho de la situación optima.
Entendamos como situación optima la que se deriva de que un empresario y un trabajador lleguen a un acuerdo que se plasma en un contrato laboral, y supongamos que esta situación se mantiene durante toda la vida laboral del trabajador, no acarreando ningún coste vía paros, subsidios o indemnizaciones por despido. El trabajador hace bien su trabajo, la empresa cumple lo pactado y todos felices comiendo perdices.
Por contra la situación contraria sería la que se derivaría de que para cubrir ese mismo puesto de trabajo por la empresa hubieran pasado 10 trabajadores, por poner un ejemplo, que hubieran cobrado 10 años de paro entre todos y otros 10 de subsidios, acarreando también a la empresa costes de despidos y costes asociados a formación y adaptación al puesto de trabajo. Esta es la situación más normal, la cual dista mucho del optimo, en parte por las reticencias de las empresas a hacer indefinidos a los trabajadores, y por otra parte algunos trabajadores ya se adaptan a estas situaciones y esporádicamente van al paro y disfrutan de una largas vacaciones subvencionadas, o completan los ingresos de paros y subsidios con trabajos que no cotizan a la seguridad social ni tributan al fisco.
Quizás abaratar el despido un poco sea parte de la solución, pero quizás no solo deba de hacerse más fácil despedir en el sector privado. También debería de ser más fácil amortizar determinados puestos de trabajo en el sector público, de manera que no se discrimine a los funcionarios que realizan bien su trabajo, que considero son la mayoría, teniendo que realizar el trabajo de unos pocos que no cumplen sus horarios o pasan más tiempo de baja que en el trabajo, o que cuando están en su puesto de trabajo lo único que hacen es estar en lugar de trabajar. Los contribuyentes como pagadores de esos salarios tampoco podemos permitir esto, mientras se abaratan nuestros despidos, los que todavía no han sido despedidos, o se nos recortan otros derechos empezando por las nominas.
En el
RDL 10/2010 de reforma del mercado laboral, se nos anticipa la implantación del modelo austriaco.
Se dice textualmente:
Por otra parte, respetando las cuantías establecidas para los diversos supuestos de extinción, se reducen las cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción de los mismos mediante la asunción transitoria por el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemnizaciones, medida que se aplicará exclusivamente a los despidos económicos, sean individuales o colectivos, excluyendo a los despidos de carácter disciplinario. Se preserva, en consecuencia, el compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de una parte de los costes extintivos. Esta medida no supone una asunción por el Estado de una parte de los mismos ya que se instrumenta a través de un organismo público que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales.
La medida anterior quiere tener, no obstante, un carácter coyuntural y servir como transición hacia un modelo de capitalización individual mantenido a todo lo largo de la vida laboral, por un número de días por año a determinar, para cuya regulación el Gobierno aprobará un proyecto de Ley. Este fondo individual de capitalización podrá hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despido, así como para completar su formación, en supuestos de movilidad geográfica o, en último término, en el momento de su jubilación. Este modelo se dirigirá a dotar a nuestro mercado de trabajo de una mayor estabilidad en el empleo y una más sana movilidad laboral.
Quizás las solución pase por la contribución conjunta a este fondo por parte de empresas y trabajadores, de manera que los trabajadores que se mantengan más tiempo en sus puestos de trabajo obtengan un complemento a sus pensiones o un complemento en periodos de paro, pero también se debería premiar a las empresas que fomenten la contratación indefinida, de manera que la parte que destinen a este fondo pueda ser tratada como una provisión para contingencias laborales (englobada dentro de las provisiones para riesgos y gastos), deducible en el impuesto de sociedades, y de la cual pueda beneficiarse la empresa si al final de la vida laboral del trabajador este se ha mantenido un largo periodo en la empresa. Con esta medida también se podría incentivar la contratación de personas de más de 50 años, e incluso el retraso en la jubilación por acuerdo expreso entre empresa y trabajador, algo que ha mi entender sería más útil que por decreto ley.
De lo que se trata es de recompensar las relaciones laborables estables, ahorrando de esta manera en paros y subsidios, incentivando el consumo que es motor de la economía al ofrecer una mayor seguridad a trabajadores y empresas.
Quizás se deba flexibilizar el despido, pero quizás sea mejor incentivar las relaciones laborales prolongadas.
Por otra parte la constitución de un importante Fondo, permitiría que pudiera absorber parte de nuestra deuda pública, en lugar de tener que estar tan pendientes de los mercados internacionales.
Se trataría pues de adaptar una provisión que ya existe y que se utiliza en determinados casos, ampliando su ámbito y dotando un importante fondo que previsiblemente se utilizaría para incentivar los comportamientos óptimos en las relaciones laborales, pero que a su vez permitiría suplir sus deficiencias.
Considero que los trabajadores del sector publico también deberían de verse afectados, cotizar igual, poder ser despedidos de una manera más fácil en caso de que no cumplan con sus obligaciones e ir equiparando también un poco el mercado laboral en el sector publico y en el privado, ya que el mero hecho de aprobar una oposición no implica que se deba de rendir menos, facilitando así argumentos a todos aquellos que defienden privatizaciones en sectores como la sanidad y la educación.
