Tras el debate abierto por el ministro José Blanco, quien se preguntó si hoy en día tienen sentido las Diputaciones, en Galicia tenemos ya dos posturas diferentes dentro del PSOE, por un lado el presidente de la Diputación de la Coruña Salvador Fernández Moreda, se opone como es obvio a la amortización de su puesto de trabajo y las consideró "imprescindibles mientras haya dispersión de los ayuntamientos”, mientras que el Alcalde de Vigo Abel Caballero piensa que lo mejor es que se supriman al menos en las grandes ciudades y traspasen su dinero a estas, diciendo que "En Vigo es un factor de abandono y desatención absolutos, dilapida el dinero con fines electorales y se convierten en un obstáculo”
En principio, estas declaraciones aparentemente contradictorias podrían ser compatibles, ya que quizás debiéramos seguir a Grecia e Irlanda en lo relativo a la reducción de Ayuntamientos, ya no por imposición de los mercados o de Europa, sino por una racionalización de los recursos públicos, con lo cual ya no existiría tanta dispersión de Ayuntamientos y ya no serían necesarias las Diputaciones.
Por otra parte, los funcionarios sobrantes de este proceso se podrían reubicar, previo estudio, en otros proyectos de utilidad publica como la informatización de la Justicia, por poner un ejemplo.
Lo importante es que las Administraciones estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos políticos para utilizarlas como medio para la captación de votos o la colocación de afines. Esto que en época de bonanza económica se consideraba un mal menor se convierte en la situación actual en un lastre para la recuperación económica.
Uno de los principales problemas de tantos organismos públicos es la duplicidad de competencias y el soterrado coste publicitario que cada actuación lleva consigo. En un reciente debate por televisión un contertuliano ponía un claro ejemplo, diciendo que se podía dar el caso de que para apoyar a una empresa que desea exportar pueden concurrir varios políticos de diferentes organismos.
Por otra parte, en proyectos en los que se requiera la colaboración de todas las Administraciones, se puede dar el caso de que en el Gobierno Central gobierne un partido, en las Comunidades Autónomas otro, otro en la Diputación y otro diferente en el Ayuntamiento, todos ellos con intereses políticos diferentes. Lo normal en este caso es que el proyecto no salga adelante.
No nos olvidemos, que el objetivo de los políticos no debiera ser el mantenimiento de determinadas estructuras administrativas, sino que estas sirvan a los intereses de los ciudadanos.
Comentarios
Publicar un comentario